La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad - Dinadeco - es una institución pública descentralizada del Ministerio de Gobernación y Policía, creada mediante Ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad, del 7 de abril de 1967, para apoyar los procesos de trabajo que impulsa el movimiento comunal en todo el país.
De acuerdo con la ley 3859, Dinadeco tiene la finalidad crear una conciencia colectiva de responsabilidad mutua para el desarrollo comunal, mediante el fomento de la participación popular, para desarrollar a las comunidades del país de manera integral.
Una asociación de desarrollo de la comunidad es un grupo organizado de personas dentro de una comunidad que busca realizar todo tipo de acciones para mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales, y ambientales del área en que conviven.
Las asociaciones de desarrollo son organizaciones de base, de dos tipos: integrales y específicas.
Las asociaciones integrales se constituyen en un territorio determinado, cuyos límites están claramente identificados en su estatuto. Para formar una asociación integral se requiere un mínimo de 100 personas, mayores de doce años, y que vivan dentro de los límites establecidos. No pueden existir dos asociaciones integrales en el mismo territorio.
Estas asociaciones son de carácter privado pero de interés público, por tanto, pueden realizar todo tipo de actividades en procura del beneficio para sus comunidades, siempre y cuando no se infrinja ninguna legislación.
Las asociaciones de desarrollo específicas se constituyen para lograr un objetivo específico en su comunidad. Para ello se requiere un mínimo de 50 personas mayores de doce años, que estén interesadas en alcanzar ese objetivo. Una vez que se logra el propósito para el cual se constituyó la asociación, esta se debe disolver.
Una asociación específica puede compartir límites geográficos con una integral o con otra específica que se dedique a un objetivo diferente.
Cualquier persona puede formar parte de la asociación de desarrollo, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos básicos; ser costarricense o migrante con estatus legal en el país, ser vecino de la jurisdicción y ser mayor de doce años.
Cualquier persona que reúna los requisitos para pertenecer a una asociación, puede solicitar su afiliación, directamente a la junta directiva o mediante una carta. Toda solicitud debe ser resuelta por la junta directiva en un plazo de un mes calendario, en caso de no recibir respuesta en ese plazo, el interesado se considera afiliado automáticamente.
Sí, las asociaciones de desarrollo de la comunidad cuentan con cuatro órganos: asamblea general, junta directiva, fiscalía y secretaría ejecutiva. Esta última no es indispensable.
Para ser miembro de una junta directiva se necesita: ser mayor de edad, costarricense o extranjero con estatus legal, tener al menos seis meses de haber sido acogido como afiliado, ser vecino de la jurisdicción, no tener relación de parentesco con otro miembro de la junta directiva, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado. Las relaciones de consanguinidad son las que se establecen entre hermanos, padres e hijos, abuelos y nietos, y las relaciones de afinidad son las que se establecen entre cónyuges, suegros y nueras o yernos; y cuñados.
No, las personas mayores de doce años pueden participar como asambleístas y tienen voz y voto dentro de ella, sin embargo, no pueden ocupar los puestos de junta directiva.
Aparte de la asamblea general de constitución, que se realiza en el momento en la organización ingresa a la vida jurídica, las asociaciones de desarrollo deben realizar al menos una asamblea ordinaria cada año, en la cual presentan sus informes los miembros de junta directiva, se nombran cargos, se aprueban planes de trabajo y se resuelven asuntos de interés para la comunidad, que requieren la participación de este órgano.
Adicionalmente, las asociaciones pueden convocar a asambleas extraordinarias las veces que sea necesario, para algún asunto en particular, tal como el nombramiento de un miembro que renunció o falleció, conocer algún asunto urgente, modificar algún plan de trabajo o reformar estatutos.
Cuando una asociación se considera inactiva, ya sea por falta de cuórum o cualquier otra razón, y no puede tomar acuerdos, el 10 por ciento de sus afiliados puede solicitar a la oficina regional correspondiente que realice una convocatoria a asamblea, con el fin de subsanar los errores que impiden la toma de decisiones.
Cuando los afiliados no están de acuerdo con las actuaciones de la junta directiva, o consideran que se están lesionando sus derechos, pueden gestionar la convocatoria a asamblea por intermedio de la fiscalía, este órgano tiene las facultades necesarias para realizar la convocatoria, o bien, con el 10 por ciento de los afiliados, pueden solicitar a los funcionarios regionales que se autorice la convocatoria a asamblea general extraordinaria.
Cuando sea necesario convocar a una asamblea de reorganización, la solicitud es formulada por la comunidad al funcionario regional, y debe estar firmada por un mínimo de 100 personas interesadas en reactivar la asociación.
Cuando los afiliados a la asociación de desarrollo consideran que el estatuto no satisface sus expectativas, pueden modificarlo en una asamblea general extraordinaria. Por lo general, se modifica la forma de elección de los miembros de junta directiva, la cual puede ser por papeleta, levantando la mano, por aclamación u otro mecanismo, sin embargo, esta reforma no podrá ser aplicada en la asamblea en que se aprueba, sino hasta que haya sido publicada en La Gaceta, de acuerdo con el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República C-19-2011.
El cuórum para celebrar una asamblea general es la mayoría simple, comúnmente llamado “la mitad más uno”. Si no se logra reunir ese cuórum en la primera convocatoria, la junta directiva, de viva voz, llama a una segunda convocatoria, una hora después de la primera, en la cual, será suficiente el 25 por ciento de los afiliados en una asociación integral, o el 40% en una asociación específica. Si no cuórum en segunda convocatoria, se tendrá que programar asamblea en otra fecha.
En caso de no lograr reunir el cuórum en la segunda convocatoria, deberá convocarse nuevamente en una fecha distinta, con al menos 15 días hábiles de anticipación y notificarla por todos los medios de comunicación disponibles en la comunidad.
Convocatoria por el 10 por ciento, cuando la junta está desintegrada y no puede tomar acuerdos.
Cuando existan disconformidades con la actuación de la junta directiva, el 10 por ciento puede solicitar una asamblea con la mediación del funcionario regional, según lo dicta el artículo 31 del reglamento, o convocarla por intermedio de la fiscalía; este órgano tiene todas las facultades para ello, según el artículo 53 del reglamento a la ley 3859, sin necesidad de solicitar la anuencia de Dinadeco.
Las uniones cantonales o zonales, las federaciones regionales o provinciales y la Confederación Nacional de Asociaciones, están formadas por organizaciones y no por personas. El quórum está compuesto por la mayoría de las organizaciones afiliadas que estén presentes en la asamblea, en primera convocatoria, y el 30 por ciento de las organizaciones en segunda convocatoria.
No necesariamente. Solamente en las asambleas constitutivas debe haber presencia de un funcionario de Dinadeco. En otras asambleas esa presencia no es obligatoria.
La notificación del resultado de asamblea general es responsabilidad de cada junta directiva, en coordinación con el funcionario regional correspondiente. El miembro de junta directiva se presenta ante el funcionario regional con el acta de la asamblea general y el resultado de asamblea, el cual debe estar contenido en la misma acta. Debe entregar una copia en la oficina regional y el funcionario elabora el resultado de asamblea y lo remite al Departamento de Registro.
Este trámite debe realizarse dentro de los ocho días hábiles siguientes a la celebración de la asamblea. Si en ese lapso no se presenta el resultado de asamblea, esta queda anulada de oficio.
Cuando alguna persona afiliada no está conforme con lo ocurrido en la asamblea general, o se siente perjudicada por alguno de los acuerdos, puede presentar una acción de nulidad por cualquier medio de comunicación (fax, telegrama, correo electrónico…), dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la asamblea.
La condición para admitir una acción de nulidad es que el accionante haya estado presente en la asamblea lo cual debe ser demostrado en su firma en el libro de actas.
En cualquiera de los dos casos, se debe convocar a asamblea general con el fin de nombrar a alguien en el cargo vacante. En virtud de que se rompió el cuórum estructural, es preciso que la convocatoria a asamblea la realice la fiscalía, o bien, por la vía del 10 por ciento de los afiliados, en cuyo caso se requiere la autorización de Dinadeco.
Cuando el puesto vacante sea por causa de fallecimiento, se debe presentar el certificado defunción en el Departamento de Registro para proceder a su desinscripción, o bien, esperar a que aparezca su estado en el Tribunal Supremo de Elecciones.
Dinadeco solamente puede transferir recursos a asociaciones de desarrollo inscritas bajo los términos de la ley No. 3859, eso incluye a los organismos de grado superior, de orden cantonal, zonal, provincial o regional.
Una de las funciones que realiza Dinadeco es la distribución de los recursos provenientes del 2% del impuesto sobre la renta a las organizaciones comunales. Para tener derecho a recibir esos recursos, las organizaciones comunales deben estar al día con todas las obligaciones legales y administrativas que establece la Ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad y otras normativas relacionadas, así como las disposiciones de la Contraloría General de la República. Esto significa que la organización debe estar legalmente constituida y funcionando, no puede tener informes económicos o liquidaciones pendientes ante Dinadeco y debe estar inscrita en el Registro de Acreedores del Estado.
El artículo 19 de la Ley 3859 sobre Desarrollo de la Comunidad señala que el Estado debe trasladar un estimado del 2% de la recaudación del impuesto sobre la renta a favor de las organizaciones comunales. De acuerdo con el reglamento al artículo 19, la suma que destine el Ministerio de Hacienda por ese concepto, se divide por partes iguales en dos fondos: Fondo por Girar y Fondo de Proyectos.
a) El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad distribuye anualmente el Fondo por Girar entre todas las organizaciones comunales que se encuentren al día en sus obligaciones legales y administrativas ante Dinadeco. Las organizaciones pueden utilizar estos recursos para atender obligaciones de diversa índole, siempre y cuando sean legítimas y estén contempladas en su plan anual de trabajo, aprobado por la asamblea general. Para la ejecución de estos fondos, las organizaciones tienen la obligación de tomar acuerdos y consignarlos en el libro de actas de junta directiva. La emisión de cheques debe hacer referencia a los acuerdos respectivos. El Fondo por Girar debe liquidarse anualmente. El plazo para hacerlo es de un año contado a partir del momento en que los recursos son depositados en la cuenta bancaria.
b) El Fondo de Proyectos es administrado por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad para financiar iniciativas presentadas por las organizaciones comunales, las cuales deben cumplir con los mismos requisitos para la distribución del Fondo por Girar. Pero además deben presentar un anteproyecto que será evaluado por el Consejo, para valorar la viabilidad del financiamiento. Los anteproyectos se agrupan en cuatro áreas: Infraestructura (vial y comunal), compra de terreno, compra de mobiliario y equipo y proyectos socioproductivos.
a) De junio a octubre de cada año, las oficinas regionales reciben perfiles de proyectos, los cuales son remitidos al Consejo Nacional.
b) Entre noviembre y febrero del año siguiente, los perfiles los perfiles reciben una pre-aprobación y se notifica a las organizaciones que los presentaron, con la indicación de cuáles son rechazados y cuáles pueden continuar con el proceso, previa calificación efectuada con base en una herramienta diseñada al efecto.
c) De marzo a junio, las organizaciones cuyos anteproyectos fueron avalados, deben completar todos los requisitos y presentar su proyecto en las oficinas regionales.
d) Entre los meses de marzo y diciembre, el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad aprueba proyectos y asigna contenido presupuestario. Los recursos para financiamiento de proyectos proceden de la Hacienda Pública, por lo tanto, deben ser ejecutados en estricto apego al presupuesto detallado en el expediente respectivo. Las modificaciones no autorizadas son consideradas faltas graves y pueden acarrear consecuencias negativas para la organización. Igualmente, estos recursos deben ser liquidados a más tardar un año después de su depósito en la cuenta de la organización.
Los recursos que se transfieren a las organizaciones comunales deben ser liquidados a más tardar un año después de que se depositan en la cuenta. No hay excepciones ni posibilidades de otorgar prórrogas. La organización que incumpla estos plazos pierde la posibilidad de recibir recursos nuevos.